En el día de ayer se publicó la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2007, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que venía a derogar la anterior Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Ya conocíamos el texto completo que se había venido actualizando en la página web de Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero hasta su publicación en el BOE desconocíamos el articulado de la propia LOMLOE.
Nos iniciamos en la lectura de la nueva Ley Orgánica de Educación y la primera cuestión que nos llama la atención es el hecho de que se mantienen artículos propios de la LOMCE, como son el artículo 2.bis (que define nuestro sistema educativo), 6.bis (sobre la distribución de competencias en relación al currículo), 42.bis (que define la Formación Profesional Dual) 111.bis (dedicado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación), etc. Nada fuera de lo habitual si la pretensión de la LOMLOE era modificar la anterior LOE con las modificaciones introducidas por la LOMCE, pero no, llegamos a la Disposición Derogatoria Única de la LOMLOE que dice literalmente en el punto 1: “Queda derogada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa”.
Efectivamente el Gobierno se comprometió a derogar la LOMCE y así lo ha hecho, pero en realidad mantiene varios artículos propios de esta Ley que se introdujeron en la redacción original de la LOE. Por tanto, en realidad no se ha derogado en bloque la LOMCE, lo que se traduce en una inseguridad jurídica sobre un derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de nuestra Constitución, que inevitablemente, si no se soluciona, podrá causar diversos problemas.
En definitiva, una “mala técnica legislativa” de los redactores de la LOMLOE al tener en cuenta tanto a la LOE como a la LOMCE, en lugar de trabajar únicamente con el redactado original de la LOE o desarrollando una nueva ley completa.
En este sentido, desde el Diario “El Mundo” se ha publicado este artículo cuya lectura os recomendamos, y en el que varios Catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo denuncian la falta de rigor técnico en la elaboración de la nueva Ley de Educación.
